Home Noticias Una industria condenada

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Febrero 20 de 2013 

En Colombia, es mucho más fácil importar que producir. La industria se ha visto avocada a competir de manera desigual, aunque lo que se pretenda demostrar es que existen reglas de juego equilibradas.

En la década de los noventa, los gobiernos de turno retaron al empresariado colombiano a insertarse en la globalización.

Al comienzo, se plantearon pasos graduales de apertura económica que se aceleraron en la medida que abundaban las divisas. Lo anterior, con el aprovechamiento de los mercados vecinos y valiéndose del tratado sub-regional de la Comunidad Andina de Naciones, la negociación entre Colombia y Venezuela con México (G3 hoy G2), las relaciones trabadas con los países del Mercosur (usando la CAN como vehículo), los vínculos establecidos con Chile y acercándose también a los países caribeños.

En la búsqueda de este objetivo, los gobiernos Gaviria y Pastrana fueron más agresivos que el gobierno Samper. La industria y los trabajadores –preocupados– planteaban la necesidad de hacer las cosas gradualmente, pero el deseo y las acciones de los gobiernos aceleraron los procesos.

La industria que, en principio, se sentía atemorizada por la capacidad de producción de Venezuela pronto encontró en ese país y en Ecuador mercados importantes para desarrollar, para lo cual realizó importantes inversiones en capital humano, planta y equipo. Además, los industriales aprendieron a sortear dificultades aduaneras, logísticas, cambiarias y políticas, presentadas a diario en estos mercados.

En consecuencia, se logran consolidar operaciones de gran importancia que incrementaron las exportaciones con valor agregado nacional. En la primera de las administraciones de la denominada Unidad Nacional, la distancia de los gobiernos colombiano y venezolano generada por sus diferencias ideológicas llevó al país a impulsar una agenda de internacionalización a mayor velocidad de lo que su vecino deseaba.

Lo anterior condujo al rompimiento de relaciones económicas con Venezuela, lo que afectó también las de Ecuador. El afán de reemplazar estos mercados obligó al Gobierno y a los industriales a buscar nuevos destinos para los productos colombianos que, por su naturaleza, lo permitieran.

Tal es el caso de las industrias de confitería, muebles y calzado, que fueron parcialmente recibidas en Centroamérica y el Caribe; cosa distinta sucedió con los vehículos y las autopartes, que no tuvieron la misma suerte por no haber tenido acceso a esos mercados, dado que en las negociaciones con dichos países fueron excluidos.

Con las mejores intenciones y para formalizar relaciones comerciales duraderas y estables, el Gobierno define una agenda agresiva en la búsqueda de negociar tratados de libre comercio con más de 40 países. En efecto, se comienza con los Estados Unidos y la Unión Europea, cuyo proceso fue lento y discutido; hoy por hoy, la maratónica agenda se volcó hacia el Asia. El objetivo de todos estos tratados es 1400 millones de consumidores para los productos y servicios locales.

Un análisis de los resultados de los tratados, ya maduros, es decir, aquellos suscritos en los noventa, permite concluir lo siguiente: la aplicación del acuerdo con la CAN funcionó bien y arrojó una balanza comercial positiva para el país hasta el 2009, año en el que Venezuela se retiró.

En el caso de México, la balanza favorece a ese país de forma continua y creciente hasta el 2011, cuando llegó a un punto preocupante por un déficit de 5.000 millones de dólares. El caso de la balanza con Mercosur presenta un desequilibrio negativo, con un resultado crítico también en 2011 cercano a los 3.000 millones de dólares.

Aunque con Chile hay una balanza comercial positiva, si se excluyen los productos sin mayor valor agregado, el resultado es negativo. El superávit comercial de Colombia con el resto del mundo no alcanza para contrarrestar el déficit ocasionado durante la vigencia de los tratados con Mercosur, México y Chile.

El problema es que hoy ya se está llegando a casi 8oo millones de potenciales consumidores, y no hay qué venderles, bien sea porque se carece de oferta exportable o porque los productos no pueden competir con los de otros países. Las razones fundamentales: Colombia tiene los costos de energía más altos del continente (13 centavos de dólar por KW/H), aún más altos que los de Perú (7 centavos) y Ecuador (6 centavos), a quienes el país les exporta su energía.

Hay una red vial a todas luces insuficiente, en mal estado y, además, llena de peajes que generan incrementos excesivos de los costos de transporte interno. No se cuenta con el apoyo que otros países proveen a sus industrias tales como subsidios en los costos de energía, laborales, terrenos, edificaciones y arrendamientos, además de escalas de producción superiores, reducidos costos financieros y menos días festivos no laborales.

Al participar de la globalización, no solo las empresas deben ser competitivas, sino también el Estado. Algunos comerciantes, protegiendo sus propios intereses, expresan que el problema es que los industriales, gremios, sindicatos y quienes se preocupan por la filosofía de los tratados –y la forma en que se negociaron– son poco capaces de adaptarse a las situaciones y los asimilan peyorativamente a unos “dinosaurios en vía de extinción”.

Y quienes lanzan una voz de angustia por lo que sucede se quejan por la indolencia del Gobierno al respecto. Es más fácil en Colombia importar que producir. La industria se ha visto avocada a competir de manera desigual, aunque lo que se pretenda es mostrar reglas de juego equilibradas. Hay otras fuerzas que no se consideraron en las negociaciones y que, con el pasar del tiempo, se están manifestando.

El inusitado crecimiento de las exportaciones de productos primarios agrega poco valor y afecta al medio ambiente, desequilibra la economía, concentra la riqueza y desencadena la enfermedad holandesa. La reducción arancelaria aunada al fortalecimiento del peso hiere a la industria. Desde el 2003 se ha revaluado el peso en un 40 por ciento; a título de ejemplo, los productos mexicanos que llegaban en 2003 con un arancel del 35 por ciento hoy arriban al país con el 0 por ciento, pero con la ventaja de un subsidio del 40 por ciento por la fortaleza de la moneda. ¿Quién compite en esos términos?

Es importante reflexionar: estamos haciendo malos negocios. Se debe hacer un alto en el camino, recapacitar antes de adquirir más compromisos con otras naciones y continuar profundizando dolencias. Sería bueno revisar los tratados, renegociarlos, replantear los que aún no se han suscrito o ratificado para buscar una posición más favorable para el país.

Vale la pena cuidar la industria, no solo por los miles de empleos calificados que genera, sino por los muchos ciudadanos que podrán innovar a través de ella. ¡Colombia no puede constituirse en el Estado rico de una nación pobre!

FRANCISCO MONTOYA CABALLERO
MIEMBRO DEL GRUPO PROINDUSTRIA