Bogotá, 2 de junio de 2016
Desde el Grupo Proindustria se ha señalado la preocupación sobre la reforma del arancel colombiano que se viene ventilando en diversos escenarios y que se sustenta en las premisas de “eliminar el alto grado de dispersión arancelaria” y de “implementar una estructura arancelaria plana” que promueven el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y las recomendaciones al Ministerio de Comercio, industria y Turismo del economista Juan José Echavarría.
La dispersión arancelaria no es ni mala ni buena, es una herramienta del Estado, utilizable en beneficio del interés nacional de acuerdo a las circunstancias y al desarrollo de la política económica.
La más reciente etapa de rebajas arancelarias unilaterales se viene dando desde hace poco más de 6 años, en escenario diferente a los tratados de libre comercio. Los efectos no se han visto reflejados en mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino en pérdida de trabajo formal para los trabajadores de las empresas que por diversas razones han cerrado o han emigrado a otros países más competitivos.
Tales reformas han producido efectos como tasas impositivas generales para todos los países del mundo, inferiores a las convenidas en programas de desgravación progresiva en los TLC y casos en los cuales se ignora el principio de no afectación a los productores locales debidamente inscritos ante el ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los gremios debemos manifestar al Gobierno Nacional que el sistema arancelario, lejos de estar alineado con las necesidades de los sectores productores de bienes y servicios, requiere de una revisión que permita desarrollo industrial en el corto plazo y generación de riqueza en el mediano y largo plazo, mediante la implementación de políticas que apoyen a la producción nacional.
