Tomado de el El Economista, España
Para que los despachos panameños terminasen sirviendo como un escudo impenetrable para decenas de miles de empresas dedicadas a eludir impuestos en todo Occidente fue necesario primero inventar el propio país. Era la época de la doctrina Monroe en todo su esplendor: América para los americanos. Y Theodore Roosevelt ya había explicado en qué consistía la idea al retorcerla para que sirviese para defender como justa la intervención de EEUU en Cuba -entonces territorio español- en 1898.
Así que cuando llegó a la Casa Blanca tres años después, este aficionado a la caza mayor y a convertir a Estados Unidos en el gendarme del mundo ya tenía la mitad del camino hecho.
Eran los comienzos del siglo XX y, como recuerda The Guardian, la gran banca neoyorquina urgió al presidente de los Estados Unidos a que inventase de la nada un país. Al frente del sector financiero estaba un viejo conocido de la política mundial: JPMorgan.
Juntos forzaron a Colombia para que cediese esa parte vital de su territorio, el istmo que une las dos mitades del continente y que, aunque entonces no había sido horadado todavía para permitir el tráfico naval, era ya un punto de transbordo privilegiado para las cargas que viajaban entre las dos costas de Estados Unidos mediante la Panama Railroad Company.
Los ingresos fiscales por las actividades de la compañía ferroviaria aportaban a Colombia mucho más de lo que Bogotá devolvía en inversiones a esa lejana zona del país, así que a la élite local ya no le faltaban excusas para ponerse del lado de unos nuevos patronos, los estadounidenses.
Ese era el ambiente cuando, en 1902, Estados Unidos compra a la empresa francesa que promovía el nuevo canal las tierras necesarias para construirlo. A comienzos de 1903, la administración de Roosevelt, ya sin complejos, fuerza al Gobierno colombiano a firmar un tratado con condiciones tan leoninas que el legislativo del país sudamericano terminó rechazándolo.
Ahí se habrían quedado las cosas si se hubiesen aplicado las bienintencionadas cláusulas que deberían regir el derecho internacional. Pero intervino la pujante Armada de EEUU, que se encargó de sugerir a los panameños que cualquier intento por independizarse contaría con su apoyo. Tras proclamar la “revolución de Panamá”, una farsa liderada por uno de los promotores franceses del canal y apoyada por las cañoneras de EEUU, a Colombia no le quedó más opción que resignarse.
Los intereses de EEUU no sólo habían ganado un país para su causa, sino que por 10 millones de dólares de la época se garantizaron además el control de la vía de agua, que se convirtió de facto en parte del territorio de Estados Unidos: un país ficticio, dentro de otro país ficticio.
Este esquema de dominación colonial, que no difería nada de lo que Reino Unido había hecho antes con Estados Unidos, ni de lo que hacía por aquel entonces en África, no sólo sirvió para terminar el canal en 1914. También permitió a JPMorgan concluir su plan: convertir el micropaís en un centro de evasión que permitiese a las compañías esquivar impuestos. La primera de ellas fue la Standard Oil, petrolífera que comenzó a registrar en el territorio los barcos en los que transportaba el crudo. Eso permitía también, durante la Ley Seca, servir alcohol en los barcos estadounidenses que navegaban con bandera panameña.
En las décadas siguientes, y con la tutela directa de Wall Street, Panamá desarrolló buena parte del entramado normativo que ha sido aprovechado durante años por clientes tan variopintos como miles de personas de la élite política y empresarial, narcotraficantes o grandes empresas.
Hoy es sólo la primera esclusa de un canal financiero por el que cada año se cuelan centenares de miles millones de dinero que es propiedad de todos los contribuyentes, y se alimenta por el mismo cinismo que permitió el nacimiento de Panamá, que hace que la abrumadora mayoría de los paraísos fiscales sean simples títeres de los mismos estados que dicen perseguirlos: Estados Unidos y Reino Unido.
