A finales de 2015 un grupo de empresarios, gremios de la producción, líderes políticos, organizaciones de trabajadores y académicos, tomaron la iniciativa de comenzar a consolidar una alianza por la industria colombiana, que realizara iniciativas conjuntas de diagnóstico y recomendaciones para estimular y conservar la producción manufacturera.
Durante el año 2016, en decenas de reuniones, se avanzó en la elaboración de un documento programático, que recoge un análisis del panorama general de la industria y las principales propuestas. En 2017, el plan de acción de la alianza debe ser el de promover iniciativas para ejecutar dicho programa. Aquí se presenta un breve resumen del documento:
La sociedad colombiana debería regirse por la libre competencia económica, que significa una interrelación entre un número grande de oferentes y demandantes, donde la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, según el artículo 333 de la Constitución Política. Desde el Siglo XVIII la producción de mercancías a gran escala es el producto medular del capitalismo, que ha permitido el desarrollo de este tipo de sociedad hasta nuestros días. En este sentido, la producción mercantil es la fuente principal de generación de riqueza y ganancias en la sociedad capitalista, la cual materializa su valor por medio del intercambio, es
decir, del comercio.
Alrededor de la industria se han desarrollado otras actividades económicas de apoyo y complementariedad, como los servicios. No obstante algunos servicios solo pueden prestarse en la medida en que exista un cimiento de producción fabril. Por ejemplo, los servicios de asistencia técnica para la solución de problemas en telecomunicaciones, se crean sobre la base de que primero debe fabricarse el artefacto en donde se presta dicho servicio. En este sentido, la producción manufacturera y los servicios son actividades complementarias, no sustitutivas.
El principio constitucional de la libertad de competencia, que implica la búsqueda del equilibrio entre la oferta y la demanda, obliga al Estado a una protección efectiva tanto del consumidor como del productor. En este sentido, el Estado debe garantizar que el bienestar del consumidor se fundamente en la posibilidad de tener fuentes de trabajo formales, estables y bien remuneradas, para generar los ingresos suficientes que permitan adquirir una canasta básica de bienes. Un alto ingreso per cápita significa un mayor bienestar social cuando es generado mediante el trabajo y la formación de empresas. Por eso la fuente principal de trabajo para los consumidores, en concordancia con el derecho al trabajo, debe estar en la producción manufacturera.
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