La inseguridad jurídica, ciudadana y política deteriora el entorno institucional en Colombia, encarece el financiamiento, reduce la inversión y amplía la trampa de pobreza, afectando el crecimiento industrial y el empleo formal.
El aumento de la inseguridad en Colombia, en sus dimensiones ciudadana, jurídica y política, agrava el riesgo país y afecta negativamente los flujos de inversión.
Acentuada por la inestabilidad normativa en materia tributaria y la erosión progresiva de la regla fiscal, genera desconfianza entre los inversionistas. A esto se suma la incertidumbre política derivada de la extralimitación del poder ejecutivo, lo que debilita el entorno institucional, un factor clave en las decisiones de inversión.
Visita nuestro Sistema de Información Industrial (SII)
El impacto es evidente: la inversión en infraestructura retrocedió un 38 % y el déficit fiscal, superior a los 90 billones de pesos, incrementa la presión sobre las finanzas públicas. La combinación de violencia, inestabilidad normativa y debilitamiento político ha provocado una fuga progresiva de capitales, encarecido el acceso al financiamiento y ampliado los factores estructurales de pobreza, al reducir la oferta de empleo formal, deteriorar los servicios públicos y frenar el crecimiento industrial.
Proindustria reitera su rechazo a propuestas que profundizan esta incertidumbre, como la convocatoria inconstitucional a una asamblea constituyente. En su lugar, hace un llamado a fortalecer la seguridad ciudadana, restablecer la institucionalidad, focalizar la inversión en sectores estratégicos y diseñar políticas que protejan al sector productivo, sin generar retrocesos legales ni fiscales.
