EL TIEMPO / 11 de noviembre de 2015
La entidad solicita que se adopten medidas efectivas que impidan un racionamiento de energía.
Los incrementos en las tarifas de energía no solo han despertado el rechazo de algunos ciudadanos, sino también de dos organismos de control, la Contraloría y la Procuraduría.
El Ministerio Público le envió el martes al Ministro de Minas y Energía un oficio en el que asegura que desde el 2012 ese organismo le había manifestado al Gobierno su preocupación por las consecuencias que podían traer en las tarifas los atrasos en la construcción de proyectos de generación de energía como el de Porce IV y Miel II.
Así la Procuraduría recibió un documento del Consejo Nacional de Operación en el que asegura que si bien no se encuentra preocupado por los retrasos en las obras, sí se muestra inquieto por los “estudios que demuestran los beneficios de contar con gas natural importado para los casos de eventos de sequía extrema”.
Esto es clave porque el Gobierno ha manifestado que una de las causas de los problemas actuales de las hidroeléctricas tiene que ver con que el ‘Fenómeno del Niño’ (la sequía) y los bajos niveles de agua están afectando el nivel de los embalses. Así, para tener un mayor respaldo en la generación de energía, las hidroeléctricas tienen que acudir a las plantas de generación térmica. Pero, ante la poca oferta de partículas de gas para atender la demanda de las hidroeléctricas, se hace necesario operarlas con combustibles líquidos, lo que eleva los costos de producción.
Así, la Procuraduría afirma que a pesar de que desde el 2012 se había planteado que para contar con el respaldo de las térmicas durante periodos de sequía se debía importar gas natural, esto no se ha dado.
En la carta la Procuraduría también manifiesta que desde el 2014 se le habían hecho varios requerimientos al Gobierno para disminuir los impactos que podía traer el ‘Fenómeno del Niño’.
“La Procuraduría General de la Nación reitera las preocupaciones que ha manifestado desde el año 2012, en el sentido que se adopten las medidas conducentes y efectivas que impidan un racionamiento de energía y le recuerda que las tarifas no han sido estructuradas para temperar las pérdidas de los generadores, por cuanto ello atentaría contra el principio de eficiencia económica”.
Finalmente, el Ministerio Público señala que no está de acuerdo con el Ministro de Minas y Energía cuando asegura que las causas de lo que ocurre hoy “fueron imprevisibles”, porque las alertas venían desde hace más de 3 años.
Con este oficio la Procuraduría se unió a los reclamos del órgano de control fiscal frente a los aumentos en el servicio de energía para los ciudadanos. Hace dos semanas la Contraloría le envió una comunicación al Gobierno en la que le manifestó que estaba “preocupada” por los aumentos en los costos de este servicio básico, entre otras cosas porque los usuarios han venido pagando “de manera cumplida y responsable lo que corresponde al cargo por confiabilidad”.
Ese cobro adicional en las facturas que les llega cada mes a los ciudadanos, según la Contraloría, son costos por inversión en equipos y demás medidas que permitieran garantizar un servicio seguro de energía, Incluso, la Contraloría conminó al Estado a responderle a los colombianos qué pasó con los 14 billones de pesos recogidos en las facturas con el cobro de esos cargos por confiabilidad.
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