Columna de opinión escrita por José Manuel Acevedo M.
Un país sin empresas o con pocas empresas o con empresas débiles, es un país inviable.
La respuesta a la pregunta no hay que darla por sentada. De hecho, por creer, sin más, que para la gente era obvia la importancia de las empresas en el sostenimiento y la prosperidad de un país, fue que durante un par de años los empresarios marcaron negativos históricos y la fe en el sector productivo parecía haberse roto.
En 2019, en la encuesta de Gallup, un 49 por ciento de los consultados dijeron tener una opinión negativa de las empresas contra un 44 por ciento que afirmaba creer en ellas. Era la primera vez, desde 1999, que la imagen desfavorable de las empresas superaba la favorable. Por esos mismos días, según un estudio desarrollado por la Usaid y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el 83 por ciento de los consultados contestó que no confiaba en el sector privado.
El caldo de cultivo para el populismo estatizante estaba servido y no parecía haber antídoto posible para reversar un peligroso sesgo antiempresa que había penetrado a nuestra sociedad sin importar todos los espejos que los países de la región se encargaban de ponernos para recordarnos el error tan grande que estábamos cometiendo.
Las cosas cambiaron con la pandemia y, como dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La destrucción de empleos por cuenta de empresas pequeñas o medianas que tuvieron que cerrar y el impacto que eso causó en la vida real de la gente nos hicieron despabilar. Por otro lado, el reconocimiento a los esfuerzos de los empresarios más grandes para evitar echar a sus empleados o para restituir rápidamente los puestos de trabajo perdidos apenas fueron superándose los impactos del virus letal, hicieron que los colombianos volviéramos a valorar la importancia de un tejido empresarial sano en una nación como la nuestra.
Luego vendrían los paros, que también pusieron en jaque al sector productivo, que dejaron poblaciones incomunicadas, que fueron parte de la explicación de la inflación que hoy tenemos y que produjeron, de nuevo, que muchos negocios la pasaran mal.
Tuvimos que vivir todo eso para entender que sin empresas de nada sirven los políticos y sus promesas; que la economía no puede andar sin empresarios jugados por sus industrias y vamos comprendiendo, en fin, que el pan sobre la mesa y la educación de los hijos no lo ponen precisamente los subsidios públicos sino la confianza de los inversionistas que se traduce en más plazas laborales que, a su vez, implican más sostenimiento y progreso de las familias colombianas.
Hoy, cuando el 58 por ciento de los ciudadanos encuestados por Invamer dice tener una opinión favorable de los empresarios y, según la firma Edelman, el 68 por ciento de los colombianos confiamos en nuestras empresas, no podemos echar por la borda lo conseguido.
Los empresarios tienen que seguir afianzando esa percepción, creando entornos fraternos con sus empleados y contándole sin pudor a la sociedad lo que hacen, más allá de sus obligaciones tributarias o meramente laborales.
La gente, por su parte, tiene que proteger a las empresas, para no repetir lo que ya tuvimos que vivir amargamente hace unos años, y el Gobierno y el Congreso tienen que tomar nota de estos índices y realidades para que su discurso reformista no acabe con las conquistas sociales logradas. Es con más empresas, y no con menos, como vamos a llegar a un desempleo de un dígito o como lograremos que los efectos de una economía que crece, se expandan a toda la población. Una reforma laboral sin concertación sería la peor equivocación. Un país sin empresas o con pocas empresas o con empresas débiles es simplemente un país inviable.
