La situación de las finanzas del Estado en Colombia es de máxima alerta. El Presupuesto de 2026, presentado por el gobierno de Gustavo Petro, arranca con un grave desfinanciamiento que podría empujar al país a una nueva reforma tributaria o a un mayor endeudamiento.
Las cifras preliminares indican que se requerirá una reforma que recaude entre 19 y 25 billones de pesos para cubrir las necesidades. Sin embargo, lograr la aprobación de una medida de tal calibre en un año pre-electoral es, como mínimo, sumamente improbable. Cabe recordar que la ley de financiamiento que se hundió a principios de año ya buscaba recaudar $12 billones, de los cuales la mitad correspondían a nueva deuda.
El presidente ha insistido en que, si no se aprueba su reforma tributaria, la financiación se hará con deuda. Esta promesa es preocupante, dado que el servicio de la deuda ya absorbe uno de cada cinco pesos del presupuesto, alcanzando la cifra de $99,3 billones, equivalente al 18,5% del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
A medida que esta cifra crezca, el país tendrá menos recursos disponibles para la inversión productiva, que es lo que verdaderamente transforma la economía y permite salir de la trampa de la deuda. La actual administración suspendió la regla fiscal por tres años, y no se vislumbra un plan claro hacia la sostenibilidad fiscal en los próximos años.
Los supuestos macroeconómicos en la formulación del PGN han sido deficientes. La Contraloría, ha alertado sobre la delicada situación fiscal del país y el riesgo fiscal para 2025 y 2026, atribuyéndolo, en parte, a la planificación fiscal deficiente.
Presupuesto 2026 Colombia: deuda o reforma
La Ley de Financiamiento que acompaña el presupuesto de 2026, que busca $26,3 billones adicionales, está en contravía de las metas programadas. De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que los ajustes requeridos superan los $40 billones, evidenciando que la propuesta actual no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Esta propuesta de Ley de Financiamiento se configura como el tercer intento de reforma tributaria del actual Gobierno en apenas tres años, lo que refleja una política recurrente de cargar sobre impuestos el peso del ajuste fiscal. En lugar de abordar el gasto ineficiente y la corrupción, el Ejecutivo insiste en ampliar la base gravable hacia sectores que no corresponden a los famosos “4.000 ricos” prometidos en campaña.
La reforma propuesta es regresiva y contradice las promesas de campaña, pues su diseño desplaza el ajuste hacia las clases populares y medias. Esto se materializa en impuestos sobre combustibles e incrementos generalizados del IVA y de impuestos indirectos, eliminación de beneficios a las familias, herencias y espectáculos, así como en la ausencia de un régimen diferencial para las mipymes.
Si se aprueba, esta reforma profundizará la desigualdad social en el país. El doble discurso es evidente: mientras se otorgan alivios a evasores y se mantiene un elevado gasto tributario en exenciones para grandes empresas, se eliminan beneficios para asalariados, se amplía la retención en la fuente y se encarece la vida cotidiana de millones de colombianos.
Golpe a la producción y al consumo
El impacto de esta política fiscal no se limita a la esfera social; también amenaza directamente la producción y el consumo nacional. La reforma laboral y la propuesta de Ley de Financiamiento de 2025, de ser aprobadas, van a incrementar los costos de producción, lo que afectará la competitividad del aparato productivo nacional y deteriorará la capacidad de generación de riqueza de la economía colombiana. La economía real sigue ignorada en la formulación de estas políticas.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 planteó como objetivo la progresividad y sostenibilidad fiscal y una reforma tributaria que incidiera en la distribución del ingreso y acelerara la transición energética, la implementación actual parece desviarse de estos principios. El sistema tributario es obsoleto, ya que el principal indicador de desigualdad, GINI, no cambia antes y después de impuestos, lo que sugiere que no cumple su función distributiva.
Corrupción, deuda y desconfianza fiscal
La corrupción, el desgobierno y la creciente inseguridad son factores que agravan la situación, pues elevan el costo-país y, por ende, el costo de endeudamiento, erosionando la confianza de los inversionistas y la sostenibilidad fiscal. En este panorama, la urgencia de una reforma fiscal que sea verdaderamente estructural, progresiva y que promueva la eficiencia del gasto, en lugar de recurrir a soluciones temporales y regresivas, es más apremiante que nunca.
