En lugar de fortalecer la competitividad industrial y la seguridad energética, la política de transición energética ha introducido riesgos adicionales y choques de costos que afectan directamente a la industria manufacturera. Sin una corrección que priorice la seguridad, la autosuficiencia y la racionalidad económica, la transición energética podría convertirse en uno de los principales factores de debilitamiento del aparato productivo colombiano en 2026.
La política de transición energética colombiana entra en 2026 con señales preocupantes para la competitividad del aparato productivo. Lejos de avanzar hacia una transición ordenada, técnica y gradual, el país enfrenta lo que diversos analistas han calificado como una “transición energética en reversa”, caracterizada por mayor incertidumbre regulatoria, pérdida de autosuficiencia energética y un aumento sostenido de los costos para la industria.
Gas natural: de insumo estratégico a factor de riesgo
Uno de los hechos más relevantes de 2025 fue la fuerte contracción del consumo de gas natural por parte del sector industrial. Tras el vencimiento de cerca del 75% de los contratos de suministro en firme, que tenían precios entre 4 y 6 dólares por MMBtu, los nuevos precios y la escasez de contratos generaron un choque de costos que redujo la demanda industrial de gas en más del 40% en diciembre de 2025, el nivel más bajo en una década.
Como resultado, una parte significativa de la industria migró hacia combustibles sustitutos más contaminantes y menos eficientes, como carbón, GLP, fuel oil y diésel, lo que contradice los objetivos ambientales del Gobierno y eleva simultáneamente los costos productivos y las emisiones. En la práctica, este fenómeno constituye una reversión de la transición energética, con impactos directos sobre la competitividad industrial y la huella ambiental del país.
Tarifas eléctricas al alza: un choque adicional de costos
A esta situación se suma el incremento de las tarifas de energía eléctrica, que en 2026 enfrentan un doble choque. Por un lado, el Gobierno avanzó en resoluciones que trasladan a los usuarios el costo del saneamiento financiero de empresas intervenidas, como Air-e, mediante un recargo generalizado en la factura de energía, sin distinción por nivel de ingreso o tipo de usuario.
Por otro lado, el impuesto al carbono incorporado en la reforma tributaria añade un segundo incremento tarifario. En conjunto, estos factores implican un aumento adicional de entre $2.250 y $4.500 mensuales por hogar, sin contar los ajustes propios de generación, transmisión y comercialización. Para el sector productivo, estos incrementos se traducen en mayores costos operativos, especialmente en actividades intensivas en energía, reduciendo márgenes y competitividad frente a productores internacionales.
Una transición ideológica, no técnica
Expertos del sector energético advierten que el problema de fondo no es la transición en sí misma, sino la forma en que se está abordando. Colombia avanza hacia una política energética guiada más por criterios ideológicos que por evidencia técnica, desconociendo que no existe una sustitución inmediata de fuentes, sino un proceso de agregación y complementariedad entre energías renovables, gas, hidroeléctricas y otras tecnologías.
En este contexto, el gas natural cumple un rol central como energía puente y pilar de seguridad energética, al ser la fuente fósil más limpia, contar con infraestructura existente y permitir estabilizar el sistema eléctrico en períodos de sequía. Sin embargo, la falta de nuevos contratos de exploración y producción ha llevado al país a perder su autosuficiencia gasífera y a depender crecientemente de importaciones a precios más altos, debilitando la soberanía energética y encareciendo la producción nacional.
Minería: el eslabón olvidado de la transición
La política energética también ha ignorado un elemento clave: no hay transición energética sin minería. La producción de energías solares, eólicas y otras tecnologías limpias depende de una amplia gama de minerales cuya exploración y explotación ha sido frenada por trabas regulatorias, licenciamientos excesivamente prolongados y un clima de rechazo generalizado a la actividad minera legal.
Este retraso implica un riesgo estructural: menor oferta de minerales, aumento de precios de insumos estratégicos y encarecimiento de la infraestructura energética futura. En un escenario global de alta demanda por minerales críticos, la ausencia de una política minera coherente no solo compromete la transición, sino que eleva los costos energéticos y reduce la competitividad industrial.
Implicaciones para la industria
El balance energético con el que inicia 2026 es desfavorable para el sector productivo:
- Aumento de costos energéticos por tarifas eléctricas más altas y combustibles más caros.
- Mayor incertidumbre en el suministro, especialmente de gas natural.
- Pérdida de competitividad frente a economías con matrices energéticas más estables y previsibles.
- Contradicción ambiental, al incentivar el uso de combustibles más contaminantes por razones de costo y disponibilidad.
