La reciente imposición de aranceles globales por parte del presidente Donald Trump plantea una seria amenaza para la economía colombiana, particularmente para el sector manufacturero y el mercado laboral.
La medida, que establece un arancel mínimo del 10 % para las importaciones estadounidenses y tarifas aún más elevadas para ciertos países y sectores, afectará directamente a Colombia, cuyo principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos.
En 2024, Colombia exportó hacia EE. UU. más de USD 14.300 millones, equivalentes al 29 % de sus exportaciones totales, de los cuales una parte significativa corresponde a manufacturas de bajo valor agregado.
Bajo el nuevo régimen arancelario, estos productos se encarecerán para los consumidores estadounidenses, lo que podría traducirse en una reducción de la demanda o en la pérdida de competitividad frente a otros proveedores.
Impactos sobre la economía colombiana
De mantenerse los aranceles del 10 %, según AmCham, Colombia vería una reducción de sus exportaciones del 8 %, un decrecimiento del 0,1 % del PIB, la pérdida de 15.000 empleos y una caída de la inversión del 2,7 %; asimismo, la inflación crecería un 4,4 % si se implementan medidas recíprocas.
Si la demanda se mantiene constante, los compradores en EE. UU. pagarán al menos USD 700 millones adicionales para adquirir los mismos productos colombianos. Sin embargo, si los consumidores estadounidenses responden reduciendo sus compras en proporción al aumento de precios, Colombia podría dejar de exportar hasta 900 toneladas de productos, afectando directamente la producción local.
Esta situación llega en un momento especialmente vulnerable para Colombia. El país enfrenta un creciente déficit comercial con EE. UU. y una alta dependencia de exportaciones poco diversificadas. Cerca del 70 % de las exportaciones colombianas a Estados Unidos corresponde a materias primas y manufacturas de bajo valor agregado, mientras que el 80 % de lo que importa de ese país son productos manufacturados. La estructura del comercio bilateral es desigual, y los aranceles de Trump no hacen más que profundizar esta brecha.
Comparación de la canasta de bienes de exportación e importación de Colombia con Estados Unidos en 2024
El sector manufacturero colombiano, especialmente las pequeñas y medianas empresas que dependen del mercado estadounidense, enfrentará una doble presión: una menor demanda externa y una mayor competencia interna por productos importados que podrían llegar reorientados desde otros países afectados por los aranceles de EE. UU. Esta situación amenaza con desacelerar el empleo industrial en un país donde este sector ha sido históricamente un motor de generación de empleo urbano.
Las exigencias de Estados Unidos
A lo anterior se suman los efectos indirectos sobre la inversión. El último informe de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. acusa a Colombia de mantener barreras técnicas y regulatorias que afectan a empresas estadounidenses, lo que podría intensificar la presión para una mayor apertura del mercado colombiano, sin que ello se traduzca necesariamente en beneficios para el país.
En este contexto, la economía colombiana podría enfrentar una pérdida de empleos en el sector manufacturero, un menor dinamismo en las exportaciones y una creciente vulnerabilidad frente a las tensiones comerciales globales. Sin una estrategia clara de diversificación productiva y comercial, el país queda expuesto al vaivén de decisiones unilaterales tomadas desde Washington.
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El sector automotor no se salva
El sector automotor colombiano también se verá seriamente afectado por el endurecimiento del comercio bilateral. A las presiones arancelarias se suman los reclamos de Estados Unidos frente a los requisitos de certificación por terceros que Colombia exige para autopartes importadas, como frenos, neumáticos, cinturones de seguridad y cristales.
La entrada en vigor de algunas de estas regulaciones, prevista para marzo y mayo de 2025, podría encarecer la importación de insumos esenciales para el ensamblaje y mantenimiento de vehículos en Colombia, con repercusiones directas sobre ensambladoras, talleres y distribuidores locales.
Las nuevas regulaciones de homologación vehicular exigen el cumplimiento de estándares técnicos europeos (UNECE) para ciertas autopartes importadas, sin reconocer las normas estadounidenses (FMVSS) bajo las cuales operan la mayoría de proveedores del país, que resultan menos exigentes.
Estas medidas favorecen principalmente a los fabricantes establecidos en Colombia —que representan apenas el 13 % del mercado, liderado por SOFASA-Renault—, al imponer barreras técnicas que dificultan la entrada de vehículos y autopartes extranjeras.
Esto otorga una ventaja competitiva frente a marcas ampliamente posicionadas en el país, como Chevrolet, Toyota, Hyundai, Kia y Mazda, cuyos vehículos y repuestos provienen mayoritariamente de México, Brasil, Estados Unidos y Asia, fabricados bajo normativas distintas a las europeas que ahora se exigen en Colombia.
Los principales afectados serán los comerciantes e importadores, responsables de cubrir el 87 % de la demanda del mercado. Deberán asumir altos costos de certificación, retrasos en las importaciones y posibles aumentos de precios, lo cual impactará directamente a talleres, distribuidores y consumidores finales.
El conflicto por los nuevos requisitos técnicos impuestos al sector automotor ha escalado al plano diplomático. En una carta firmada por el secretario de Comercio de Estados Unidos y dirigida a la ministra encargada de Comercio de Colombia, Cielo Rusinque, se advierte que, de no modificarse la normativa antes del 2 de mayo, EE. UU. podría suspender las exportaciones de vehículos hacia el país.
La misiva califica la medida como una práctica comercial ilegal, al considerar que vulnera los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Además de generar sobrecostos y retrasos en la llegada de vehículos, Washington ha advertido posibles represalias comerciales que afectarían las exportaciones colombianas, lo que incrementaría la presión sobre un sector industrial ya debilitado y sobre una economía con desequilibrios fiscales cada vez más severos.
Perspectivas desfavorables para el 2025
Resulta especialmente incoherente que Estados Unidos exija a Colombia el cumplimiento estricto del Tratado de Libre Comercio, mientras su propia política arancelaria, caracterizada por incrementos unilaterales y represalias comerciales, lo vulnera de manera sistemática. Además, las presiones estadounidenses no se limitan al ámbito comercial, sino que también abarcan temas como la migración, la aspersión con glifosato, entre otros.
Esta vulnerabilidad comercial ocurre en un contexto fiscal particularmente delicado: el gobierno colombiano enfrenta niveles de endeudamiento comparables a los registrados durante la pandemia, carece de recursos suficientes para cubrir sus compromisos y, aunque ha debido recortar el gasto, se prepara para impulsar una nueva reforma tributaria o adelantar el cobro de impuestos previstos para 2026.
En este escenario, las perspectivas de recuperación económica para Colombia en 2025 son negativas, considerando tanto las condiciones internas como las presiones externas que limitan la competitividad y el crecimiento sostenido del país.
