La nueva emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 0150 de 2026 se presenta como respuesta a una calamidad climática real en varios departamentos del Caribe y el Chocó, con miles de familias damnificadas e infraestructura crítica afectada.
Es evidente que la temporada de lluvias exige acción urgente, coordinación institucional y recursos suficientes para atender a la población. Sin embargo, genera preocupación el uso de la emergencia como atajo fiscal y legislativo, y el costo que esa estrategia puede imponer a la industria, la inversión y el empleo en un momento de fragilidad económica.
Las alertas se concentran en si el Gobierno está utilizando la emergencia para tapar un hueco estructural de caja que no ha sabido corregir por la vía ordinaria: mejor recaudo, eficiencia del gasto, priorización presupuestal, lucha real contra evasión y elusión, y recuperación de la confianza pública tras los escándalos de corrupción.
Un instrumento excepcional convertido en rutina
La Constitución permite declarar emergencia económica, social y ecológica cuando hechos sobrevinientes e imprevisibles perturban gravemente el orden nacional y requieren medidas extraordinarias. El problema es que, bajo el actual Gobierno, el estado de excepción dejó de ser excepcional.
En los últimos años, Petro ha recurrido de manera reiterada a esta figura. Esa recurrencia no solo tensiona el diseño institucional: normaliza la idea de gobernar por decreto, desplaza al Congreso y traslada a la Corte Constitucional el costo político de decidir si el Ejecutivo se extralimitó.
Y lo más grave: cuando la emergencia se usa para crear impuestos, la señal a inversionistas y empresarios es directa: la planeación tributaria puede quedar subordinada a la coyuntura política y a la urgencia fiscal del momento.
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El golpe a la industria: impuesto al patrimonio empresarial y “anti-incentivo” a invertir
El anuncio de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas como fuente principal para recaudar cerca de $8 billones en pocas semanas concentran las alarmas del sector productivo. Gravámenes sobre el patrimonio empresarial no son un detalle técnico: equivalen a castigar la acumulación de capital productivo, la reinversión y la capacidad financiera de las empresas para innovar, modernizarse y competir.
Desde el sector gremial ya se ha advertido que se trata, en la práctica, de un “impuesto a la inversión”, con efectos claros sobre confianza, crecimiento y empleo.
En industria, donde el retorno de las inversiones es más lento y el capital inmovilizado es alto (maquinaria, plantas, tecnología), un impuesto patrimonial puede convertirse en un freno directo a la modernización productiva y a la generación de empleo formal. El mensaje es peligroso: ante cada desfinanciamiento o choque, la solución vuelve a ser “cargar” a quienes sostienen el empleo formal y el aparato productivo.
El trasfondo fiscal que el Gobierno no resolvió
El Gobierno sostiene que la emergencia se explica por lluvias extremas y daños masivos, y que el presupuesto 2026 quedó desfinanciado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento. Pero aquí hay un punto clave: la falta de recursos no nació con la lluvia. El desorden fiscal venía de antes.
Hoy el país enfrenta una realidad incómoda: el Ejecutivo busca recaudar por decreto lo que no logró tramitar políticamente por la vía ordinaria. El riesgo es que la emergencia termine funcionando como reforma tributaria exprés, sin deliberación democrática suficiente, y con baja calidad técnica.
En un Estado con instituciones, la respuesta a la crisis no puede ser “más impuestos” como primer reflejo, sino un paquete serio de medidas: reasignación del gasto, eficiencia, control de corrupción, priorización y mejor administración tributaria.
El gran ausente: eficiencia del gasto y priorización presupuestal
Antes de pedir nuevos tributos, cualquier gobierno responsable debería responder tres preguntas:
- ¿Qué partidas del presupuesto pueden reorientarse sin afectar derechos básicos?
- ¿Qué nivel de ejecución real tienen los ministerios y programas creados o ampliados?
- ¿Qué gastos improductivos o de baja efectividad se pueden recortar?
En la discusión pública, gobernadores y expertos han insistido en que existen recursos subutilizados o estancados (por ejemplo, en bolsas de regalías) que podrían servir para atender contingencias, al menos parcialmente.
La industria no pide “insensibilidad” frente a los damnificados. Pide racionalidad: primero ordenar la casa, luego solicitar esfuerzos extraordinarios. La emergencia no puede ser coartada para saltarse la discusión sobre ejecución presupuestal y prioridades del gasto.
Recaudo, evasión y elusión: el “elefante en la sala”
Colombia no tiene un problema de creatividad tributaria. Tiene un problema de capacidad estatal para recaudar bien, controlar la evasión y combatir la elusión de alto nivel.
Expertos han señalado de forma recurrente la magnitud de la evasión, y que un golpe serio contra esos flujos podría liberar un espacio fiscal sustantivo sin asfixiar al sector formal.
Pero ese camino exige lo que este Gobierno no ha mostrado con suficiente consistencia: gestión, inteligencia fiscal, fortalecimiento técnico de la DIAN, depuración de beneficios ineficientes y enfoque en grandes evasores. En vez de eso, se insiste en soluciones rápidas, políticamente rentables, pero económicamente costosas.
Corrupción e instituciones: más recursos sin confianza es una mala receta
Otro factor que enciende las alarmas es la crisis de confianza. Los escándalos que han golpeado a entidades clave para atención de desastres (como la UNGRD) deterioran la legitimidad de pedir nuevos recursos sin antes demostrar controles, transparencia y resultados.
Cuando un gobierno pide más dinero a empresas y contribuyentes, pero no logra disipar la percepción de ineficiencia y corrupción, lo que obtiene es resistencia social y empresarial, y un deterioro adicional de la gobernabilidad fiscal. La industria puede ser solidaria. Pero la solidaridad no se decreta: se construye con confianza, reglas claras y garantías de que cada peso tendrá destino verificable.
¿Qué debería hacerse? Una ruta responsable
Un enfoque serio para atender la emergencia climática y proteger la estabilidad económica debería partir de:
- Repriorización inmediata del gasto y reasignación transparente a atención de damnificados.
- Plan de ejecución con trazabilidad: metas, cronogramas y control social real de la inversión en reconstrucción.
- Estrategia de recaudo enfocada en evasión y elusión, con resultados medibles y rendición de cuentas.
- Uso inteligente de recursos existentes (regalías, saldos, fondos), con acuerdos Nación-territorios.
- Medidas pro-inversión: si se pide esfuerzo al sector privado, debe venir acompañado de seguridad jurídica y estímulos a reinversión productiva, no castigos al capital industrial.
La nueva emergencia económica puede ser necesaria para reaccionar ante una calamidad. Pero el Gobierno la está utilizando de forma que abre un frente mayor: castiga la inversión productiva, profundiza la incertidumbre y expone que el problema de fondo no es solo climático, sino de manejo fiscal, eficiencia estatal y credibilidad institucional.
Para la industria, el mensaje es preocupante: ante fallas de recaudo, desorden presupuestal, baja eficacia contra evasión y escándalos de corrupción, la respuesta vuelve a ser un impuesto extraordinario sobre el capital productivo.
