En junio de 2025, el Gobierno colombiano suspendió la regla fiscal y proyectó un déficit superior al 7,5 % del PIB, lo que generó desconfianza, afectó la inversión y dejó al país con tasas de riesgo comparables a las de economías inestables como Turquía o Brasil.
La política fiscal del Gobierno se ha caracterizado por la ruptura de la regla fiscal y por reformas tributarias desarticuladas, lo que ha encendido alertas sobre la sostenibilidad fiscal y la pérdida de credibilidad. En ese mismo mes, el Ministerio de Hacienda invocó la cláusula de escape para suspender la regla durante tres años, lo que permitió un aumento del déficit fiscal al 6,8 % del PIB en 2024 y proyecta un nivel superior al 7,5 % en 2025.
Las reformas frecuentes y fragmentadas adoptadas por los últimos gobiernos en Colombia han generado incertidumbre y afectado el clima de inversión. Además, la falta de disciplina fiscal ha deteriorado la competitividad tributaria: no en vano, Colombia ocupa el último lugar entre los 38 países de la OCDE en ese indicador.
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El gasto público sigue siendo ineficiente: se financian compromisos permanentes con ingresos temporales, sin un plan de ajuste creíble. La falta de transparencia, el uso de maniobras contables y la creciente dependencia de los mercados de deuda han incrementado la desconfianza. Colombia ya enfrenta tasas de interés superiores a las de Turquía o Brasil, según lo indica su prima de riesgo.
Es urgente que el Gobierno corrija el rumbo: debe formular un plan fiscal de mediano plazo creíble, racionalizar el gasto, simplificar el sistema tributario y generar incentivos para la inversión. De no hacerlo, el país se expone a mayores costos de financiamiento, menor productividad y una pérdida de confianza tanto a nivel local como internacional.
