Los empresarios del país deben afrontar grandes retos para mantenerse en el mercado. Muchos de los desafíos radican en su propia capacidad de innovación, en sus habilidades gerenciales y financieras, en las metas productivas, en los análisis acertados sobre la coyuntura y las condiciones del mercado, en la calidad de sus productos y en el trato a sus clientes. Estas son consideraciones que hacen parte de la cotidianidad y la planificación empresarial, en donde se pone a prueba la capacidad de administrar eficientemente el capital de la compañía para maximizar los beneficios.
Pero hay otros elementos que sobrepasan la capacidad individual del empresario, porque su realización implica un esfuerzo colectivo inmenso, debido a su complejidad, altos costos y a los acuerdos normativos necesarios para su ejecución. Por ejemplo, para un empresario de manera individual sería imposible construir para su uso exclusivo toda la infraestructura que se requiere para transportar las mercancías desde el punto de fabricación hasta los centros de distribución. Para alcanzar estos elementos se necesita un músculo poderoso que es el Estado, para que garantice la libertad de competencia en el mercado interno y la competitividad del país en el concierto global.
El Estado y la libre competencia
La Constitución Política de Colombia en su artículo 334 define que “la dirección de la economía estará a cargo del Estado”. En el artículo 333 establece que el modelo para la economía colombiana será el de la libre competencia, el cual “es un derecho de todos que supone responsabilidades”. Según Paul Krugman, premio Nobel de economía, esto supone la interacción entre oferta y demanda, por lo tanto, una depende de la otra. Además, según la Ley 7a de 1991, el Estado debe “procurar una legal y equitativa competencia de la producción local y otorgarle una protección adecuada”.
Es decir que el Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, tiene la obligación constitucional de defender a los consumidores de la misma forma en que protege a sus productores. La libre competencia, además, se refiere a la existencia de un gran número de empresas u oferentes y de consumidores o demandantes[1], en donde el Estado debe estimular el desarrollo empresarial, según lo reza la Constitución.
Dado lo anterior, es evidente que no solo el empresario es responsable por ser productivo e innovador, sino que el Estado debe intervenir fortaleciendo el desarrollo empresarial, garantizando el bienestar de los consumidores y en consecuencia garantizar la producción nacional para lograr el equilibrio del mercado. En este sentido, es indispensable que el Gobierno trabaje en la búsqueda de la competitividad del país frente al mundo.
¿Quiénes compiten, las empresas o los países?
El segundo elemento es el de la competitividad. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la competitividad es “la medida en que los precios de los bienes y servicios de un país pueden fijarse para competir con los de otros países” y según el Foro Económico Mundial, la competitividad está determinada por “la capacidad de una nación para crear y mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus empresas y más prosperidad para su pueblo”[2]. Para el Consejo de Política de Competitividad de los Estados Unidos, uno de los países mejor dotados en este aspecto, es la capacidad que tiene una nación para “producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo a largo plazo”[3].
Cuando se habla de competitividad no se refiere a la forma como compiten las empresas de manera individual, sino a la capacidad nacional de competencia, que brinda herramientas suficientes a sus productores para enfrentarse en condiciones de igualdad en el comercio mundial. La libre competencia, para cumplirse plenamente, debe hacerlo en un marco de competitividad del país.
Para el caso colombiano, el Foro Económico Mundial presenta un informe en donde propone elementos de medición como: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación y formación superior, eficiencia del mercado de mercancías, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.
¿Cómo le va a Colombia?
Según varios índices de competitividad que examinan el desempeño de Colombia, tenemos los siguientes resultados:
Es importante destacar que Colombia ha mejorado en algunos índices pero ascendió 5 posiciones dado que examinaron el desempeño de 4 países menos que se encontraban por encima de Colombia el año anterior.
Según este índice, Colombia mejoró en el desarrollo del mercado financiero. El desempeño del país es relativamente estable a través de otros pilares, con ligeras mejoras en la mayoría de las dimensiones en comparación con el año pasado, incluyendo la sofisticación de negocios, salud y la educación. Sin embargo estas tres siguen en una posición baja en comparación con otras economías de la región. Colombia se beneficia de un tamaño relativamente grande del mercado y, hasta el año anterior, resultados macroeconómicos relativamente buenos.
No obstante, hubo una mejora adicional en la calidad del sistema educativo, especialmente en matemáticas y ciencias, crucial para generar la capacidad para innovar y diversificar la economía. Otras áreas de mejora son el marco institucional del país, especialmente de las instituciones públicas, pero la corrupción y la seguridad continúan deterioradas. A pesar de ello, la complejidad de la tributación le gana a la corrupción como el factor más problemático para hacer negocios en Colombia, revela el Doing Business.
Frente a otros países latinoamericanos Colombia ocupa el quinto lugar en el Rankin, como se puede observar a continuación:
Colombia versus países Latinoamericanos
De los doce pilares que evalúa el Foro Económico Mundial, Colombia tiene el peor desempeño en instituciones, infraestructura, educación primaria, eficiencia del mercado y sofistificación en los negocios donde es superado por la mayoría de países latinoamericanos.
Estos pilares se refieren en general a:
- Institución: Evalúa conceptos relacionados con la protección de derechos de propiedad, eficiencia y transparencia de la administración pública, independencia del poder judicial, seguridad física y gobierno corporativo
- Infraestructura: Mide la calidad y disponibilidad de transporte, electricidad y comunicaciones.
- Salud y Educación Primaria: Evalúa el estado de la salud pública, la calidad y cantidad de la educación básica
- Eficiencia del mercado de mercancías: Mide la producción de bienes y servicios, y la implementación de medidas proteccionistas que afecten mercados.
- Sofistificación de los negocios: Evalúa ventajas comparativas, desarrollo de clusters, cantidad y calidad de proveedores locales.
A continuación se muestra el escalafón que obtuvo cada país latinoamericano que fue evaluado por el Foro Económico Mundial entre 140 país. Las celdas que se encuentran sombreadas en color rojo, son aquellas posiciones que están por encima de la obtenida por Colombia.
Cabe destacar que los países que superan a Colombia en casi todos los pilares son: Panamá, Costa Rica, Uruguay y Chile. Al único país que Colombia supera en todos los pilares analizados es a Nicaragua.
De otras encuestas como la que realiza el Doing Business, se estima que Colombia tiene la menor productividad laboral. Un trabajador de Corea del Sur es 2,6 veces más productivo que uno colombiano; esta baja productividad se debe a las débiles políticas de desarrollo productivo implementadas, no existe una política contundente que busque incrementar la productividad como forma de atacar la informalidad.
En innovación e investigación, por un millón de habitantes Colombia tiene 346 investigadores, mientras que países como Costa Rica tienen 1.827 investigadores y Argentina cuenta con 1.941. Corea del Sur tiene 8.034 investigadores por cada millón de habitantes. La baja participación de investigadores en el sector empresarial colombiano limita procesos de transferencia de conocimiento y de tecnología.
Existe una necesidad de tener una agenda vertical profunda, dada la actual coyuntura. Las exportaciones no tradicionales siguen sin reaccionar a pesar de la devaluación del peso, impidiendo cerrar el gran déficit comercial generado por la caída de las exportaciones minero-energéticas. La falta de respuesta de las exportaciones no tradicionales es el resultado principal de la reprimarización de las exportaciones colombianas en la última década. Lo anterior lleva a Colombia a ubicarse como uno de los países de menor sofisticación en su canasta exportadora. [4]
Colombia no tiene las herramientas suficientes para competir con los países que lo rodean ni con los que ha firmado tratados de libre comercio, que se traducen en un deterioro de la balanza comercial, y en un obstáculo natural para cumplir con el principio constitucional de la libertad de competencia, que implica la protección de los demandantes pero también de los oferentes.
PROPUESTAS
Colombia necesita un trabajo conjunto del Estado y sus entidades regulatorias, empresarios y consumidores. La tarea no puede recaer solamente en los empresarios, pues sin institucionalidad y soporte del Estado resulta imposible competir en el mercado externo. La garantía no puede consistir exclusivamente en la defensa del consumidor dejando a un lado al productor, que es la principal fuente de creación de empleo, necesario para que pueda aumentar el consumo.
2016 debe ser el año en que la producción real adquiera nuevamente un papel protagónico como motor de crecimiento de la economía en tiempos de crisis. Para ello se requiere de voluntad política y que el Gobierno Nacional defina claramente si quiere que el país tenga producción e implemente medidas efectivas para su estímulo.
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[1] Banco de la República, Colombia. Disponible en línea en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/competencias_del_mercado
[2] La Competitividad y el aparato productivo Colombiano, Grupo Proindustria.
[3] Primer informe al Presidente y al Congreso, 1992. Consejo de Política de Competitividad de los Estados Unidos.
[4] Consejo Privado de Competitividad: Informe Nacional de Competitividad 2015-2016