Bogotá, 13 de abril de 2016
Se ha anunciado que esta semana se tomará una decisión sobre la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, que lleva más de un año en discusión en la alta corte.
De declararse exequible, este TLC se sumaría a la lista de acuerdos económicos que están profundizando la crisis del país, responsables del déficit comercial más alto en la historia.
En la discusión sobre su constitucionalidad, diversos gremios de la producción, organizaciones de trabajadores, académicos y sectores políticos logramos demostrar que el país no se encuentra preparado para enfrentar una competencia desigual. Por lo tanto, de aprobarse se estaría desconociendo el principio constitucional de promover la prosperidad general, y garantizar el derecho al trabajo y a la propiedad privada.
El déficit comercial que Colombia mantiene con Corea del Sur es prueba contundente de que los productos que ofrece a ese mercado no alcanzan el nivel de sofisticación para mantener un intercambio equilibrado. Por ende, Colombia no logra acumular los recursos suficientes para comprar las mercancías de alto valor agregado que ofrecen los coreanos.
Por otra parte, se ha dicho de manera engañosa que Colombia podrá satisfacer la demanda de alimentos de Corea, desconociendo que su oferta no le alcanza ni siquiera para el consumo interno, tal como se observa al analizar el incremento de las importaciones de carnes, pescado, leche, cereales y frutas. Además, de contar con la suficiente oferta, primero tendría que derrotar a gigantes proveedores del mercado coreano como China, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda.
En la negociación del TLC con Corea el Gobierno esgrimió la idea de la defensa del consumidor, desconociendo a los productores del agro y la industria como fuente principal de la generación de empleos estables, de calidad, decentes y bien remunerados, que posibilitan los ingresos de dichos consumidores.
Frente a las consecuencias evidentes y medibles que están teniendo los TLC, la Corte Constitucional debe salvaguardar la estabilidad económica del país que consagra la Carta Política. Antes de la aprobación de nuevos acuerdos se debe evaluar a fondo los impactos que están teniendo los vigentes y tomar las medidas necesarias para rectificar los errores cometidos en esas negociaciones, que están implicando incluso demandas nunca antes vistas, interpuestas por multinacionales, que ponen en jaque la sostenibilidad fiscal de la Nación.
Atentamente,
Grupo Proindustria
Acopi Bogotá – Cundinamarca
Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Confederación General de Trabajadores, CGT
Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC
Red por la Justicia Tributaria en Colombia
Cedetrabajo