Si bien podría parecer una buena noticia la reducción de la inflación, la realidad es que esta estrategia pone en riesgo la recuperación económica del país y refuerza su vulnerabilidad ante los crecientes conflictos bélicos, económicos y políticos en el panorama global. Colombia necesita acelerar su política de reindustrialización para protegerse de los efectos externos y asegurar un crecimiento sostenible.
La política monetaria colombiana ha demostrado una marcada sensibilidad a los vaivenes de la economía global. El régimen de metas de inflación, adoptado en línea con las tendencias internacionales, ha situado al país en una posición vulnerable ante los shocks externos.
Lecciones de las estrategia del Banco de la República ante la inflación en Colombia
En los últimos años, Colombia ha experimentado episodios recurrentes de inflación estrechamente vinculados a factores externos. En cada uno de estos casos, la respuesta del Banco de la República ha sido aumentar las tasas de interés para controlar los precios.
Sin embargo, esta política contractiva que reduce la demanda, ha tenido consecuencias graves para el crecimiento económico a largo plazo. Durante la crisis de los alimentos de 2006-2008, la inflación subió de 3,94% a 7,94%, impulsada por el aumento de los costos de producción, problemas climáticos y la especulación en los mercados globales.
En respuesta, el Banco de la República subió las tasas de interés del 6% al 10% en 31 meses, una medida que frenó la inflación pero también ralentizó la recuperación económica. Aunque la economía creció 4,5% en 2010 y casi 7% en 2011, el impacto a corto plazo fue significativo, pues se creció apenas al 1,14% en 2009.
Una situación similar ocurrió entre 2013 y 2016, cuando la inflación volvió a dispararse debido a la devaluación del peso, causada por la caída en los precios del petróleo desde 2014. La inflación alcanzó el 8,97% y el Banco de la República, nuevamente elevó las tasas de interés, esta vez del 3,25% al 7,75%.
Esta estrategia enfrió la economía, que apenas comenzó a recuperarse en 2018, con un crecimiento inferior al 3%. Estos ejemplos subrayan cómo las fluctuaciones en los mercados globales afectan profundamente a la economía colombiana, que sigue siendo extremadamente dependiente de los factores externos.
Los críticos de esta política, como Jorge Iván González y José Antonio Ocampo, han señalado que el enfoque en la estabilidad macroeconómica a corto plazo sacrifica el crecimiento económico y el bienestar social a largo plazo.
Sin embargo, hasta el momento son pocos los cambios. Después de la pandemia de COVID-19, la inflación se disparó alcanzando un 13,34% entre 2021 y 2023, en parte debido a las interrupciones en las cadenas globales de suministros y los conflictos internacionales.
En respuesta, el Banco de la República volvió a aumentar las tasas de interés, llevándolas al 13,25%. Posteriormente, la economía apenas creció un 0,61% en 2023 y se proyecta un crecimiento de 1,8% para 2024 y cercano a 3% en 2025, un panorama lejos de ser alentador.
Es evidente que la receta aplicada hasta ahora ha generado más problemas que soluciones y profundiza las debilidades estructurales de la economía. Los diferentes gobiernos no han abordado el problema de la inflación ampliando la oferta de productos, lo cual implicaría un replanteamiento de la política económica. Tras estos fenómenos inflacionarios el crecimiento potencial se redujo, así como la participación de la manufactura en el PIB. El balance económico con el mundo se volvió deficitario y el papel del país como proveedor de materias primas y productos tropicales, lo cual fue reforzado por Los Tratados de Libre Comercio.
A medida que se agudizan los conflictos globales, la vulnerabilidad de Colombia se hace cada vez más evidente. Para atender las desigualdades estructurales de la sociedad colombiana el país debe fomentar su crecimiento productivo por encima de la estabilidad monetaria.
El Grupo Proindustria considera que es hora de que Colombia dé pasos concretos para transformar su modelo económico. Esto implica crear las condiciones necesarias para aumentar la oferta productiva interna, reduciendo los costos asociados a la producción y mejorando la competitividad de las empresas nacionales.
Para lograrlo, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en construir un ecosistema productivo seguro y estable, donde las reformas que se implementen realmente promuevan el desarrollo industrial y no lo frenen, como podría ocurrir con la Reforma Laboral o la Ley de Financiamiento.
