La política económica de Petro no ha logrado la reindustrialización prometida. A pesar de un leve crecimiento económico, las industrias manufactureras siguen en declive, debilitando el aparato productivo del país y dejando pendientes las reformas necesarias para su reactivación.
El crecimiento anual de la economía en el segundo trimestre de 2024 fue de 2,1%, nivel similar al observado en el cuarto trimestre de 2022 y el mejor resultado de los últimos cuatro trimestres. Este dato refleja un lento retorno al crecimiento promedio entre 2015 y lo corrido de 2024 que se ubica en 2,6%.
Crecimiento de la economía y de las industrias manufactureras
Colombia ha experimentado un proceso de desindustrialización en las últimas décadas, lo que ha debilitado su aparato productivo. La participación de las industrias manufactureras en el PIB pasó del 15,2% en 2007 al 12,1% en 2022, y en los dos años del gobierno Petro, esta cifra cayó aún más, situándose en un 11,1%. Esto es 40 puntos básicos por debajo del 11,5% alcanzado en 2020, en pleno año de pandemia. Según los últimos datos del DANE, las manufacturas acumulan cinco trimestres consecutivos de contracción, con un descenso del -1,37% en el segundo trimestre de 2024.
Ante este panorama, la política económica de Petro a gran escala, carece de las acciones necesarias para revertir la situación. Mientras el sector manufacturero tiene una tendencia decreciente, las decisiones del gobierno han mostrado un sesgo antiempresarial, dejando de lado el impulso productivo que el país necesita. La reindustrialización, prometida en los discursos, aún no se materializa, y las decisiones del Conpes al respecto siguen ausentes.
El gobierno es inconsistente con sus anuncios
Entre enero y agosto de 2024, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apenas ha ejecutado el 6,4% del presupuesto destinado a inversión, lo que refleja un grave estancamiento en los proyectos orientados a dinamizar la industria. Adicionalmente, no se han logrado avances significativos en la reducción de los costos logísticos, un factor crucial para mejorar la competitividad de las empresas nacionales.
En el ámbito fiscal, el gobierno ha optado por reformar el sistema tributario con un claro objetivo recaudatorio, centrando sus esfuerzos en sectores productivos clave como el petróleo y el carbón, que son fundamentales para la cadena productiva nacional.
Este enfoque ha generado una creciente presión sobre estos sectores, esenciales para la estabilidad económica del país. Además, los incrementos en los precios de los combustibles y peajes agravarán aún más los costos de las actividades manufactureras, minando su competitividad.
Lejos de abordar los problemas estructurales en materia de acceso a energía, la política económica de Petro se ha enfocado en una transición acelerada hacia fuentes renovables, sin tener en cuenta el papel vital de las fuentes convencionales. Estas últimas no solo representan una ventaja comparativa para Colombia, sino que son esenciales para las finanzas públicas. La falta de una estrategia equilibrada en este ámbito pone en riesgo la capacidad del país para mantener el suministro energético necesario para su aparato productivo.
Política comercial sin cambios efectivos
En cuanto a la política comercial, no se han modificado los Tratados de Libre Comercio que afectan a sectores sensibles, y las medidas de protección para áreas clave como el acero, moda, vehículos y agroindustria han sido lentas y de escaso impacto. La falta de una acción decidida en este frente ha dejado a la industria nacional vulnerable frente a la competencia internacional.
En el ámbito monetario, la política restrictiva del Banco de la República, con altas tasas de interés, sigue orientada a contraer el consumo para controlar la inflación. Esta estrategia, poco criticada por el gobierno, ignora que la inflación en Colombia tiene raíces más profundas en la oferta de bienes y servicios la oferta de bienes y servicios que en la demanda.
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A esto se suma la ausencia de programas sólidos de financiamiento para micro y pequeñas empresas. En el “pacto por el crédito”, el gobierno renunció a dirigir recursos del sistema financiero con tasas preferenciales hacia los sectores más afectados, limitando así la capacidad de reactivación de las empresas más vulnerables.
La política económica de Petro necesita una mayor coherencia para enfrentar los desafíos actuales. Mientras no se aborden de manera integral los problemas estructurales de la industria y se reoriente el enfoque fiscal o energético, Colombia seguirá perdiendo competitividad, y los sectores productivos continuarán debilitándose.
