El Plan Nacional de Desarrollo definió la economía popular como las ocupaciones, oficios y actividades “desarrolladas por unidades económicas de baja escala”. Sin embargo, no se aclara qué se entiende por “baja escala”, lo que deja cierta amplitud y ambigüedad a la hora de identificar los actores de la economía popular. Si no se tiene bien delimitado quienes integran este sector, es difícil realizar las estadísticas necesarias y establecer las políticas públicas en favor del mismo.
Una forma de acotar la economía popular es restringirla a los micronegocios. El DANE calculó que en el 2023 en Colombia había 5,1 millones de micronegocios, que ocuparon a 6,9 millones de personas. El 90% del total eran de una sola persona y el 69% pertenecen a personas vulnerables o pobres. Además, al analizar los motivos para iniciar el micronegocio, el 37,9% de los mismos fueron creados por no contar con fuentes de empleo. La verdadera cifra de las unidades productivas de la economía popular se conocerá cuando salgan los resultados del Censo Económico Nacional Urbano, que el DANE espera presentar en el 2025.
Pero la economía popular no se limita a los micronegocios. Desde el plano teórico se ha buscado diferenciar la economía popular de los empresarios y de los emprendedores. En Colombia, la falta de una definición bien delimitada permite incluir las Mipymes en los programas dirigidos a la economía popular.
Por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impulsa la economía popular a través de los centros de reindustrialización ZASCA, en la actualidad hay 11 funcionando, allí confluyen las Mipymes y los micronegocios. La Sociedad de Activos Especiales busca apoyar la economía popular poniendo las máquinas incautadas al servicio de comunidades organizadas para que se conviertan en empresarias. Desde el enfoque de esta entidad, el apoyo debe contribuir al desarrollo empresarial de la economía popular.
El programa “EnCadena, mejores proveedores”, del MinCIT, tiene como uno de sus objetivos dinamizar los encadenamientos productivos de las Mipymes y de la economía popular. En los programas para la economía popular de la Cámara de Comercio de Bogotá se incluyen las pequeñas y las microempresas. La ambigüedad del concepto es evidente en este caso. Los planes de la Cámara de Comercio de Bogotá proponen beneficiar a 170.000 empresarios a través de cursos, talleres y asesorías, de los cuales 70.000 son de economía popular, y el resto son micro, pequeñas y medianas empresas.
Los anteriores casos ejemplifican cómo se puede relacionar la economía popular con las Mipymes. La tarea de encaminar ese propósito queda en manos del Consejo Nacional de Economía Popular, cuya composición es de 12 representantes del Gobierno Nacional, 5 de gobiernos territoriales y 11 de la economía popular, que serán designados provisionalmente por el Gobierno. Esa instancia tendrá que ayudar a resolver preguntas del tipo: ¿La idea es que las unidades productivas de la economía popular sigan ahí o evolucionen a Pymes? ¿Cómo unir las Mipymes al resto de la economía popular? ¿Las compras públicas cómo pueden ayudar a esa articulación?
Aunque la falta de una definición clara ha generado ambigüedades en torno a la economía popular, es evidente que las Mipymes tienen un papel crucial en su impulso. La integración de las Mipymes en programas y políticas dirigidos a la economía popular ofrece un mundo de oportunidades para dinamizar y fortalecer este sector, que es fundamental para el desarrollo económico y social del país.
