La política industrial en Colombia debe ocupar el centro de la agenda económica del nuevo gobierno. La debilidad manufacturera, los altos costos de energía, la dependencia tecnológica y la presión fiscal exigen medidas para proteger mipymes, recuperar producción, ampliar empleo y negociar relaciones comerciales más justas.
La victoria estrecha de Abelardo de la Espriella confirma que el país está dividido. El nuevo gobierno iniciará su mandato en medio de restricciones fiscales, una gobernabilidad limitada y una sociedad profundamente polarizada.
Este escenario político coincide con un momento económico especialmente delicado. Colombia llega a este cambio de gobierno con una estructura productiva debilitada, industria insuficiente, alta dependencia comercial y tecnológica, desequilibrios fiscales y externos, y una inserción internacional subordinada a los eslabones primarios de las cadenas globales de valor y los intereses de Estados Unidos.
Durante décadas, la apertura económica y la ausencia de una política industrial consistente dejaron al país con una base manufacturera frágil, sectores productivos desprotegidos y una economía excesivamente vulnerable a las decisiones de los grandes centros de poder mundial. A ello se suma una política de reindustrialización reciente que fue limitada e insuficiente, una transición energética que debilitó la seguridad energética y que aumentó los costos productivos y un sistema tributario agotado que no ha logrado resolver los problemas de inequidad, recaudo y competitividad.
El nuevo gobierno, además, enfrentará una dificultad política estructural: ganó la Presidencia, pero no controla el Congreso. Su bancada dependerá de acuerdos con los partidos tradicionales, mientras tendrá enfrente una oposición fuerte del Pacto Histórico. Esto significa que cualquier reforma de fondo (tributaria, fiscal, energética, comercial o productiva) estará condicionada por negociaciones complejas.
El riesgo es que, ante la fragilidad fiscal y la presión por ajustar las cuentas públicas, el costo de la crisis termine recayendo sobre los sectores de siempre: las clases medias, los sectores populares y las mipymes. Una reforma tributaria mal diseñada, el recorte del gasto público sobre la eliminación de subsidios sin transición productiva, el recorte de inversión pública o una mayor apertura comercial sin instrumentos de apoyo pueden profundizar la desigualdad, deteriorar el tejido empresarial y debilitar aún más la capacidad productiva nacional.
Para Proindustria, este es el punto central del debate: Colombia no puede resolver su crisis fiscal, social ni económica destruyendo su aparato productivo. Sin industria fuerte no hay empleo digno, no hay sostenibilidad fiscal, no hay soberanía tecnológica, no hay mercado interno robusto y no hay capacidad real para insertarse en el mundo en condiciones justas.
El país necesita una agenda productiva nacional que ponga en el centro la industria, la energía, el empleo, el mercado interno y la soberanía económica. Esto implica defender una política industrial activa, revisar los TLC y las relaciones comerciales desiguales, proteger sectores estratégicos, fortalecer a las mipymes, reducir los costos productivos y construir una política energética que garantice seguridad, competitividad y transición ordenada.
También exige una posición internacional propia. Colombia no puede limitarse a escoger entre subordinaciones externas. En un mundo marcado por la disputa entre Estados Unidos, China y otros polos de poder, el país debe construir una estrategia soberana, orientada a diversificar relaciones, atraer inversión productiva, fortalecer capacidades nacionales y participar en el comercio global bajo reglas de libre comercio justo.
En este contexto, Proindustria asumirá un papel claro: actuar con independencia técnica y política, sin subordinación ideológica ni partidista, pero con una posición firme en defensa del interés productivo nacional. La polarización no puede impedir que el país discuta lo fundamental: cómo producir más, cómo generar empleo de calidad, cómo recuperar la industria, cómo garantizar energía competitiva, cómo construir soberanía económica y cómo distribuir equitativamente la riqueza.
Colombia enfrenta una encrucijada histórica. Puede profundizar el modelo de apertura, desregulación, endeudamiento y dependencia que debilitó su aparato productivo, o puede avanzar hacia una estrategia nacional de desarrollo que reconozca que la industria es condición de estabilidad, democracia y soberanía.
