El reciente proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por el gobierno de Gustavo Petro genera preocupación debido a la aparente falta de prioridad hacia la manufactura en las políticas de gasto. La ausencia del ministro Bonilla en la presentación del presupuesto ha llamado la atención y ha planteado interrogantes sobre la responsabilidad del gobierno en los escándalos de corrupción que conmocionan al país.
El PGN presentado al congreso reconoce que la economía colombiana estaba en un ciclo decreciente antes de la pandemia, pero la estrategia gubernamental para superar el extractivismo como principal fuente económica es desacertada.
El proyecto de presupuesto contempla los efectos de la política monetaria contraccionista adoptada por el gobierno, por medio de un aumento importante en la tasa de interés para contener la inflación, lo cual ha provocado una contracción del crédito y limitado la inversión. Esta política, sumada a la desaceleración económica global, ha debilitado la economía colombiana y restringido la inversión privada.
En el Proyecto, el gobierno argumenta que el reto es sostener la economía con una transición hacia una economía menos extractiva. Sin embargo, la reindustrialización y diversificación de la economía no deben implicar la renuncia a las actividades extractivas, sino que deben apoyarse en sus rentas y tecnologías para desarrollar el mercado interno.
En este sentido, el Grupo Proindustria considera que es importante adelantar medidas que permitan transformar más y mejor, procesando en lugar exportar en bruto. Esta filosofía debe extenderse a todas las cadenas productivas, con el objetivo de aumentar el valor agregado dentro de las fronteras nacionales.
La reindustrialización debería basarse en hacer más eficiente la explotación y transformación de recursos para fomentar encadenamientos productivos que fortalezcan el mercado interno y así la generación de riqueza.
Por el contrario, el gobierno de Petro ha enfatizado exclusivamente la importancia de reducir la desigualdad social y regional, acelerar una transición energética y lo que ha denominado promover una transición productiva inclusiva y amigable con el medio ambiente.
Sin embargo, la manufactura, especialmente en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), parece no recibir el apoyo necesario. Los programas actuales son focalizados y no tienen un impacto relevante en el macro sector manufacturero.
Al analizar los sectores estratégicos para la reactivación económica, se observa que muchos no cuentan con el personal necesario. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, crucial para la reindustrialización, tiene proyectados solo 1.992 cargos. De manera similar, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, esencial para el avance tecnológico, tiene una nómina de apenas 140 cargos.
Estas carteras se ubican en la parte baja de la tabla entre las entidades con menos nómina como el Ministerio de Recreación y Deporte, que cuenta con 180 cargos, y el Servicio Público de Empleo, con 143 cargos. Estas cifras resaltan una preocupante falta de personal en áreas vitales para el desarrollo y la innovación del país.
La situación se agrava cuando se comparan con otros ministerios que, aunque también importantes, no son tan cruciales para la reactivación económica. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda cuenta con 25.418 cargos y el Ministerio de Justicia y del Derecho con 21.956 cargos, ambos con un número considerablemente mayor de empleados en comparación con los sectores de industria y tecnología.
Industria ausente
El análisis del presupuesto propuesto para 2025 muestra un enfoque centrado en programas sociales y de bienestar, con una inversión sustancial en salud, educación y protección social. Sin embargo, la manufactura y el sector industrial, necesarios para la reactivación económica y la generación de empleo, destacan por su ausencia en las prioridades de gasto.
El Grupo Proindustria sugiere que una estrategia eficaz de reindustrialización debería basarse en aprovechar las rentas y tecnologías de las actividades extractivas para desarrollar el mercado interno y aumentar el valor agregado de las cadenas productivas. La transición hacia una economía menos extractiva no debe implicar la renuncia a las actividades extractivas, sino hacerlas más eficientes y complementarias con el desarrollo de otros sectores como el agro, el turismo y la industria manufacturera.
